Políticas de infancia en contextos de diversidad cultural: una deuda histórica

En sus inicios, la protección de la infancia en Chile fue ejercida por instituciones de beneficencia del sector privado, acción sobre la cual el Estado ha asumido progresivamente un rol rector y controlador, creando el Consejo Nacional de Menores en 1967, y el actual Servicio Nacional de Menores en 1979. La historia de la Fundación Ciudad del Niño se inscribe en ese recorrido, siendo en la actualidad un organismo colaborador[i] del Sename.

En esta condición, ha sido testigo del desarrollo de la institucionalidad de protección de la infancia, desde la doctrina de la situación irregular, paradigma que entra en crisis en la década de los 80, a la concepción del niño y la niña como sujeto de derecho. La consagración de esta nueva visión determinada por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (1989) y su ratificación por el Estado chileno (1990), implica una profunda redefinición política, social, económica y cultural, que ha planteado profundos desafíos al sistema de atención a la Infancia, principalmente en términos de su implementación.

Uno de esos retos es la forma de interacción que el Estado ha establecido históricamente con las organizaciones colaboradoras, caracterizada por una lógica vertical que restringe la participación de dichas organizaciones solo a la ejecución de la oferta programática. Sin embargo, estas lógicas verticales basadas en la reglamentación y subordinación, resultan insuficientes para abordar la actual complejidad de los fenómenos sociales (Andrade, Garcia, & Zambrano, 2014), marcados por un fuerte componente de diversidad cultural.

Sumado a ello, las transformaciones al sistema de atención a la infancia no han incorporado en profundidad la discusión respecto a la diversidad cultural[ii]. El Comité de los Derechos del Niño (2007) señala en relación a la población infantil indígena específicamente, su preocupación frente a las altas las tasas de abandono del sistema escolar, a los jóvenes indígenas víctimas de maltrato a manos de la policía, y a la falta de información detallada sobre los niños indígenas en el informe del Estado de Chile. Unicef, por su parte, manifiesta en su programa del País 2012-2016 (2011), que pese a la ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la iniciativa de reforma constitucional en la materia, existen compromisos pendientes en el cumplimiento de la obligación de protección y promoción de los derechos y libertades de los pueblos indígenas.

En los territorios en los que la Fundación Ciudad del Niño ejecuta sus proyectos, y particularmente en aquellos que concentran altos porcentajes de población infantil indígena, como son las regiones del Bío-Bío, la Araucanía y Los Lagos (Casen, 2011), los equipos de intervención han sido testigos de las diversas condiciones en las que se desarrolla la población infantil indígena: desde el recrudecimiento de la violencia y sus manifestaciones vinculadas a la falta de coherencia de los gobiernos y al no respeto a los acuerdos generados con las comunidades, hasta la generación de espacios de reconocimiento y diálogo con las comunidades por parte de la institucionalidad, que ha facilitado el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes indígenas (Yáñez & Aylwin, 2006).

Chile debe enfrentar con urgencia la inclusión de la diversidad cultural. A pesar de que se ha avanzado en el reconocimiento de la pluriculturalidad del país, ello no se ha traducido en lineamientos claros para los espacios concretos de intervención de la política pública, particularmente en el ámbito de infancia.

En este sentido, concordamos con lo señalado por el Comité de los Derechos del Niño (2007) y enunciado en el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet (MINSEGPRES, 2013), respecto a que el desafío se encuentra hoy en la implementación de los tratados ratificados en materia de derechos de los pueblos índígenas y, particularmente, en lo relativo a Infancia. Ello implica, tal como plantea Unicef, la necesidad de capacitar a los profesionales y agentes claves respecto a los derechos de la infancia, los derechos de los indígenas y la promoción del enfoque intercultural.

[i] Colaboradora se le denomina a las instituciones de Infancia acreditadas por el SENAME.

[ii] El SENAME incorpora en las orientaciones técnicas el año 2007 la dimensión intercultural, la cual no contiene indicaciones respecto a su implementación.

* Extracto ponencia presentada por el autor en Seminario Unicef.

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