- Columna de opinión de José Pedro Silva, Presidente de Fundación Ciudad del Niño publicada en el diario La Tercera.
El principal enfoque de las políticas públicas y recursos asociados que ejecutamos las instituciones públicas y la sociedad civil, consiste en intentar detener las vulneraciones de derechos de los niños y adolescentes (NNA), reparar sus perniciosos efectos en el plano físico, intelectual y moral, recomponer las familias y reinsertar a la sociedad a los infractores de ley. Se trata de reparar los daños y agravios ya sufridos por nuestros NNA, lo cual de suyo es necesario, urgente e indispensable.
El tema ahora es relevar la importancia no solo de reparar sino de prevenir, anticiparse al problema. Es detener a tiempo los factores que inciden en la degradación de las familias que genera el terreno propicio a la vulneración de derechos, detener el circulo de energía centrífuga que, de manera creciente en número y complejidad, afecta el bienestar físico y psicológico de nuestros NNA, comprometiendo negativamente su futuro y el de la sociedad entera.
Un abrumador 71% de niños, niñas y adolescentes en Chile han reportado haber sufrido algún tipo de violencia por parte de sus padres o cuidadores, de manera transversal a todas las clases sociales. Respecto a los métodos de disciplina, sólo un 31,7% de los NNA de 5 a 12 años vive en hogares cuya crianza es exclusivamente “no violenta”. Un 62,5% enfrenta disciplina violenta (psicológica y/o física) de parte de sus padres o cuidadores, siendo las situaciones de violencia física o psicológica más frecuentes en varones de entre 5 a 8 años.
Estudios sobre los costos y beneficios de programas preventivos, refieren que algunos programas tienen un rendimiento de US$2 a US$14 por cada dólar invertido para generar condiciones de bienestar subjetivo y atenuar los costos de todo tipo de violencia hacia la niñez, los cuales a temprana edad, afectan al desarrollo cognitivo y las habilidades sociales, causando sufrimiento, interrupción del ciclo educativo, pérdida de productividad y de la calidad de vida a largo plazo, afectando la plena integración social y ciudadana de nuestros NNA.
No hay una decisión contundente desde las políticas públicas para enfrentar el desafío de la prevención, tal vez por falta de visión, por tratarse de cuestiones que rinden sus frutos en el mediano o largo plazo, alejadas de las urgencias políticas coyunturales o por falta de recursos. Sea cual fuere el motivo, es urgente superarlos, diseñando e implementando políticas públicas que permitan anticiparse a este grave problema, conscientes de su comprobada rentabilidad social.
Abordar en serio los temas de la vulneración de derechos de nuestros NNA, requiere complementar las actuales políticas públicas dando un paso decidido en favor de la prevención, invirtiendo recursos humanos y económicos de una manera mucho más eficaz que abundar en las actuales políticas paliativas de limitados efectos.
Las instituciones de la sociedad civil tenemos la capacidad y la voluntad para contribuir a que esta nueva perspectiva llegue a ser una realidad, para el bien de una sociedad más justa y solidaria, que es la que todos anhelamos.
Revisa aquí la columna de opinión publicada en el diario La Tercera.
Metro Tobalaba
