2014 ha sido un período de especial relevancia para nuestra Fundación, en el que celebramos 80 años de trabajo en la prevención, promoción y protección de los derechos de la niñez y juventud en Chile. Atendemos a más de 16.500 niños, niñas y adolescentes cada año, en 109 proyectos distribuidos en nueve regiones del país.
La infracción de ley en la adolescencia es el resultado de la interacción entre diferentes variables y factores, que han sido estudiados desde distintos puntos de vista tanto a nivel criminógeno, social y psicológico. Estas visiones nos ayudan a conocer mejor con quienes intervenimos, e identificar las causas que pudiesen originar este tipo de conductas en los jóvenes, ayudando a tener una comprensión multidisciplinaria del fenómeno.
Con el objetivo de recoger las opiniones de los niños, niñas y jóvenes, respecto a los principios que consideran básicos para vivir en la ciudad que sueñan, la Red de Infancia y Juventud de Coronel realizó un cabildo con la participación de más de 70 estudiantes integrantes de directivas y centros de alumnos de escuelas y colegios municipalizados y particulares subvencionados de la comuna.
Existen estrategias de intervención comunitaria que trascienden el modelo de trabajo individual con el niño, niña, adolescente o su familia, permitiendo alcanzar resultados terapéuticos de una manera diferente. Esto, a través de la incorporación de las instituciones y grupos que forman parte del contexto del individuo.
Las infancias y juventudes con las cuales trabajamos no son homogéneas, particularmente en territorios de alta pertenencia étnica, de ruralidad o de migración. A pesar de ello, observamos que las políticas públicas de infancia han sido pensadas desde una lógica monocultural occidental, lo cual disminuye la pertinencia y eficacia de nuestra intervención.
En la implementación de la Ley 20.084 se incorporó a la justicia juvenil una medida previa a una sanción o al cese de la intervención judicial, como es la Medida Cautelar Ambulatoria (Art. 155. letra B. CPP, recurso existente en nuestro sistema para adultos), la que se puede aplicar a los(as) adolescentes después de producido el control de detención. De allí que la relevemos como un recurso estratégico del sistema judicial, en cuya utilización podemos -como operadores de la medida- colaborar más allá de la acción orientada al control y la persecución penal en un proceso que involucra un conflicto tanto para el joven como para su familia y en el que, debido a una acción hacia un tercero, arriesga una posible sanción.
Cuando hablamos de causas sociales, inmediatamente lo relacionamos a la lucha social, a las manifestaciones y marchas que hoy están en boga. Sin embargo, en el contexto de la prevención nuestra causa se centra en promover ideas, conversaciones sociales o cambiar comportamientos que contribuyan al bienestar de nuestros niños, niñas y adolescentes (NNA).
Desde mediados del siglo XIX la relación entre el Estado y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) de atención a la infancia, ha seguido una lógica más cercana a la subordinación que a la colaboración, siendo este uno de los nudos críticos a resolver, puesto que la complejidad de los fenómenos sociales hace necesarios vínculos más horizontales que favorezcan la diversidad y el diálogo.
La embajadora ante las Organizaciones Internacionales en Ginebra, se refirió al panorama regional en materia de adecuaciones legales a la Convención de los Derechos del Niño, destacando que algunos países se encuentran “sumamente” atrasados, como es el caso de Chile que ha realizado reformas importantes pero aún carece de una aproximación integral basada en un enfoque de derechos
En el encuentro denominado “Diálogos sobre Infancia y Adolescencia: Construyendo un Sistema de Protección Integral en Chile”, participaron el Ministro de Justicia, la Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, la Representante de Unicef en Chile y la Academia Parlamentaria, entre otras autoridades.
Metro Tobalaba
