El Presidente de Fundación Ciudad del Niño, José Pedro Silva, planteó la preocupación de las fundaciones que trabajan en el área de infancia y adolescencia, tanto por el clima de desconfianza e incertidumbre que han venido enfrentando, como por los obstáculos concretos que están afectando el desarrollo de su labor, e instó a las autoridades a retomar el camino colaborativo en la protección de los niños, niñas y jóvenes del país.
En carta enviada al Diario El Mercurio, el directivo también destacó la importante contribución social que, históricamente, han realizado las instituciones que atienden a la infancia y adolescencia en situación de vulnerabilidad.
El texto de la carta publicada con fecha 13 de mayo, es el siguiente:
Sr. Director:
En su página editorial del jueves 7 de mayo, El Mercurio se refiere a la inquietud de las Fundaciones que trabajan en temas de pobreza y vulnerabilidad social por la reducción de los aportes públicos y programas, situación que está afectando especialmente a las instituciones del área infancia y adolescencia, las que hemos advertido un sello anti-colaboración y una desconfianza de las autoridades de Gobierno hacia las organizaciones de la sociedad civil.
Históricamente, las fundaciones dedicadas a la protección de derechos de niños, niñas y jóvenes en Chile, hemos realizado un invaluable aporte no sólo en términos de la misma atención, sino en materia de conocimiento, experiencia y mayor eficiencia para enfrentar estas tareas.
En la actualidad, las instituciones privadas ejecutamos alrededor del 95% de la oferta de programas del Sename. Esta tarea se había venido realizando en un contexto de colaboración, el que está siendo perturbado no sólo por el recorte de aportes y programas del área (caso de los PPC, Programas de Prevención Comunitaria), sino por la incertidumbre respecto al papel que el Estado quiere jugar en la materia (¿subsidiario, fiscalizador, ejecutor u otro?) y la valoración que le asigna al trabajo de los privados.
Hay que señalar que si bien para una parte importante de las instituciones colaboradoras, los fondos públicos constituyen la principal fuente de financiamiento, existen programas en los cuales las fundaciones concurren, paradojalmente, a “subsidiar” al Estado, dado que la subvención es claramente insuficiente para atender las necesidades de los niños, niñas y adolescentes (caso de las Residencias, donde sólo cubre un tercio de las necesidades).
A lo anterior se suma el uso de recursos propios por parte de las instituciones colaboradoras, para financiar las sobre atenciones de casos derivados por los Tribunales (art. 80 bis de la Ley 19.968), dado que el pago de esas prestaciones por parte de Sename, se efectúa con un enorme retraso.
Entre las condiciones que afectan el desarrollo del trabajo en favor de la infancia, también figuran la congelación de las licitaciones de proyectos, la utilización abusiva de las “Resoluciones de Urgencia” -modalidad bajo la cual funciona una cantidad importante de proyectos y que involucra una inestabilidad para los mismos-, y la entrega de un financiamiento insuficiente para el desarrollo de intervenciones de calidad y con los estándares profesionales y técnicos requeridos.
Otros temas que dificultan la labor y que derivan de las situaciones anteriores son las, a veces, inciertas condiciones laborales de quienes se desempeñan en el área y, por tanto, la alta rotación de esos trabajadores, así como la intención de modificar la Ley de Subvenciones, pese a que aún no se cuenta con una Ley de Protección Integral a la infancia.
Todas estas señales que parecieran apuntar a prescindir del apoyo de la sociedad civil en la tarea de proteger y restaurar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ampliando el rol del Estado en el área, van en la línea contraria de lo que sucede en los países desarrollados y tienen un impacto directo en la obtención de los logros y metas exigidos en la materia.
Tenemos confianza en que las nuevas autoridades de Gobierno sabrán aquilatar el importante rol social de estas instituciones, dejando atrás la incertidumbre y recelo, y retomando el camino colaborativo que históricamente hemos tenido, pues el combate a la pobreza y a la vulneración de los derechos de nuestros niños y jóvenes es una responsabilidad no solo del Estado, sino de toda la sociedad.
José Pedro Silva Prado
Presidente
Fundación Ciudad del Niño
José Pedro Silva Prado, Presidente Fundación Ciudad del Niño
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